El conflicto tomó estado público después de una inspección municipal realizada poco tiempo después de que desde la radio se difundiera información relacionada con los gastos del Ejecutivo local en pauta oficial.

Ante esta situación, Pérez manifestó en sus redes sociales que no apagará la emisora y sostuvo que continuará informando y opinando sobre lo que sucede en la ciudad.

“¿Ahora quieren censurarme porque hablamos de lo que pasa en nuestra ciudad? Yo no me voy a callar. FM Líder va a seguir al aire”, expresó el responsable del medio.

Por su parte, la documentación emitida por la Subsecretaría de Inspección General indica que el expediente no puede continuar hasta que el solicitante presente una serie de requisitos. Entre ellos menciona documentación relacionada con la autorización de la frecuencia ante el ENACOM, la homologación de los equipos, la ubicación de la planta transmisora y otros aspectos técnicos y legales. Para cumplir con lo solicitado se habría otorgado un plazo de 30 días corridos.

Frente a las acusaciones, resulta necesario que el Ejecutivo municipal explique públicamente cuáles son los requisitos pendientes, con qué criterios se realizaron los controles y por qué el propietario de la radio no fue recibido por el intendente.

Criticar una gestión, investigar el uso de los recursos públicos o expresar una opinión no debería transformarse en motivo de persecución. La libertad de expresión es un derecho fundamental y cualquier procedimiento administrativo debe desarrollarse con transparencia, igualdad y sin condicionamientos políticos.

La comunidad merece conocer las dos versiones y contar con respuestas claras. Si se trata únicamente de exigencias administrativas, el Municipio debe demostrarlo. Pero si los controles se utilizan para presionar a un medio crítico, Puerto Deseado estaría ante una situación verdaderamente preocupante.

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